La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados.
Además se publicó el pasado 1 de abril se publicó el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
Este real decreto tiene como objeto desarrollar la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, en uso de la habilitación contenida en el apartado 1.b) de su disposición final tercera, en lo que hace referencia a las garantías financieras exigibles a los distintos actores implicados, en virtud de lo previsto en la misma y en las normas que la desarrollan, para responder:
- Del cumplimiento, frente a la administración, de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad de producción y gestión de los residuos.
- De la responsabilidad exigible por muerte, lesiones o enfermedad de las personas, o por daños en las cosas, que se deriven de las operaciones realizadas.
- De la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad desarrollada.
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